MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
AC3735-2017
(Aprobado de sesión de primero de marzo dos mil diecisiete)
Bogotá D. C., trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Procede la Corte a resolver el recurso de reposición que, en tiempo, presentó la parte demandante -inicial-, en contra de la providencia de 21 de noviembre de 2016, a través de la cual se concedió el recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia de treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), proferida dentro del proceso ordinario de simulación adelantado por RAMIRO HELÍ ZULUAGA GÓMEZ contra MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ CÁRDENAS, NOHORA JUDITH GONZÁLEZ VECINO y LUÍS CARLOS ANAYA RODRÍGUEZ.
ANTECEDENTES
1.- Como se recordará, la parte actora demandó la simulación del contrato de venta recogido en la Escritura Pública No. 834 del seis (6) de octubre de dos mil cuatro (2004), de la Notaría Única del Municipio de Tubará (Atlántico), y, como consecuencia, pidió que a Ramiro Helí Zuluaga Gómez, se le tenga como propietario único del predio descrito en dicho documento escriturario.
2.- Dijo, en síntesis, lo siguiente como soporte de las súplicas señaladas:
2.1.- Que el seis (6) de octubre de dos mil cuatro (2004), compró al señor Edgardo Francisco Sales Sales el siguiente inmueble: cabaña situada en la calle 3ª No. 5-08, Finca El Edén, de la urbanización Playa Mendoza del Municipio de Tubará. El precio de la venta fue por la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000.oo.M/cte.). De ese valor, el señor Anaya (demandado), aportó treinta millones ($30.000.000.oo. M/cte.).
Antes de ese negocio existió un contrato de arrendamiento entre el accionante y la señora Mónica Martínez, propietaria del fundo.
2.2.- Por solicitud del actor, en la escritura corrida se dejó indicado que la señora Nohora González era la persona que adquiría la propiedad y como precio de ese pacto se indicó que por cincuenta millones quinientos mil pesos ($50.500.000.oo M/cte.), se realizaba la enajenación.
2.3.- En el bien se levantaron algunas mejoras y quien estuvo encargado a ellas, dada su condición de ingeniero, fue el señor Luis Carlos Anaya. Sin embargo, los dineros y materiales fueron suministrados por el demandante.
2.4.- En su momento, una y otra parte, declarándose poseedoras del inmueble, solicitaron a la autoridad policiva del lugar que les protegiera dicha condición, amparo que, en últimas, favoreció al promotor de la simulación.
3.- El proceso cursó las etapas que la ley tiene reservadas para esta clase de asuntos, incluyendo el trámite de la mutua demanda aducida por los iniciales demandados. Llegada la oportunidad prevista en la normatividad, el a-quo decidió la instancia habiendo acogido, en su totalidad, las pretensiones formuladas y, de paso, negó la reivindicación solicitada por los accionados. Estos, dado el fallo adverso, apelaron la sentencia emitida.
4.- El Tribunal, al resolver la alzada, decidió reformar el fallo impugnado y, aunque accedió a la simulación reclamada, lo hizo de manera parcial. En ese orden, declaró tanto al actor como al demandado Luis Carlos Anaya, condueños del predio.
Ambas partes recurrieron en casación.
5.- La Corporación falladora, antes de resolver sobre la concesión del recurso extraordinario, dispuso que se incorporara al proceso una experticia con el propósito de cuantificar el interés exigido por la ley para poder acudir a dicha censura.
6.- La auxiliar de la justicia, luego de varios intentos y escritos radicados ante la Corporación de segundo grado, adujo el trabajo exigido y, soportado en dicho concepto, el Tribunal concluyó que ninguno de los contendientes había sufrido tal menoscabo que habilitara el acceso a la impugnación formulada, luego negó su concesión.
7.- La parte demandada, únicamente, presentó recurso de reposición y en subsidio solicitó la expedición de copias para acudir a la queja. Este remedio judicial se presentó ante esta Corporación dentro de la oportunidad legal.
8.- La Corporación decidió el recurso de queja, a través del auto de 21 de noviembre pasado, declarando «…mal denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia de treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), proferida dentro del proceso atrás señalado» y, dispuso «CONCEDER a dicho extremo procesal el recurso extraordinario de casación respecto del mencionado fallo».
9.- El extremo activo inicial, presentó recurso horizontal frente a esa determinación dentro de la oportunidad legal.
Los trámites previstos para actuaciones como la que ocupa a la Corte fueron cumplidos a cabalidad, luego procede su resolución.
El inconforme, en la sustentación presentada, expone en un primer punto, que «el recurso de queja no se tramitó conforme a la Ley y debió declararse desierto, porque el recurrente no cumplió [con] las cargas procesales relativas a su interposición y trámite», amén que sostiene que «…el recurso no se formuló en tiempo y existe prueba de ello, porque (i) mediante auto de 16 de octubre de 2015 el Tribunal ad quem negó la reposición interpuesta contra el auto que no concedió el recurso de casación y ordenó expedir las copias respectivas, (ii) las copias debías ser pagadas hasta el 27 de octubre, retirar el expediente 3 días después del aviso de su expedición y formular el recurso de queja dentro de los 5 días siguientes al recibo de las copias, conforme a lo previsto por los artículos 378, 120 y 121 del CPC, ninguna excepción hay de ello».
Y, asevera que «…el recurso de queja aparece interpuesto ante la Corte el 24 de noviembre de 2015, sin que exista en el expediente, porque, de hecho, no la hubo, constancia sobre si la parte recurrente en queja cumplió sus cargas procesales; en efecto, con este recurso se aportan las constancias de la página 60 del libro de registro de procesos de la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla, en la que no sólo no consta si el recurrente cumplió sus cargas procesales, sino que, por si fuera poco, consta todo lo contrario, porque figura la anotación del auto de 16 de octubre de 2015 que no repuso el auto y ordenó expedir las copias y luego de ello un ingreso al despacho el 10 de noviembre de 2015».
De otro lado, en una segunda línea argumentativa, denuncia que se ha violado la regla relativa que «… [e]l interés para recurrir debe ser actual para el momento en que se dictó la sentencia de segunda instancia prevista en el art. 366 del CPC, porque (i) el dictamen pericial rendido el 6 de noviembre de 2009 en el proceso, […], no tiene ninguna relación con el recurso extraordinario de casación, y (ii) la sentencia de segunda instancia recurrida declaró relativamente simulado el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 834 de 2004 otorgada ante la Notaría Única de Baranoa en una proporción equivalente al 50%».
Agregó, que «…el planteamiento del auto proferido por la Sala que hoy se recurre está acorde con la Ley y el precedente –a menos que se trate de un cambio de jurisprudencia no explícito-, lo cierto es que “la resolución desfavorable al recurrente” como lo exige el artículo 366 del CPC, a cualquiera parte que hubiere recurrido, sólo asciende a $ 185.114.250 suma inferior al interés para recurrir en casación una sentencia proferida en 2013, equivalente a $ 250.537.500 como lo precisó la perito y validó la Corte».
Adicionalmente enfatiza que «…ni siquiera el interés para recurrir, entendido como el valor de “la resolución desfavorable al recurrente” conforme al art. 366 del CPC asciende a $ 185.114.250, pues otorgada una simulación relativa en el 50% a favor de 2, claramente implica que cada quien resultó desfavorecido en un 25%, equivalente a $ 92.557.125, valor que ningún modo alcanzaría para conceder el recurso», a la par que cuestiona que la Corte haya expresado que existe un litisconsorte necesario, dado que considera la «…. no [existencia de] tal y así lo ha precisado la Corte, salvo, reitero, que se trate de un cambio jurisprudencial no explícito».
Luego de traer a la memoria algunas decisiones de esta Corporación sobre la cuantificación del interés para recurrir, remata su alegato afirmando que: «…si la pretensión reivindicatoria les fue negada sólo a 2 de 3 demandados, Luis Carlos Anaya y Nohora Judith González Vecino, el interés de cada uno –aun aceptando el valor estimado por la Corte sobre las construcciones incendiadas-, sería de $ 123.409.500; por ello, aun estimando por los 2 como si fuera uno sólo- que no sería correcto según el precedente civil, ascendería a $ 246.819.000, suma inferior al interés requerido para recurrir en casación en este caso ($ 250.537.500)».
CONSIDERACIONES
1.- En lo tocante con la primera denuncia fincada en la inobservancia del trámite procesal para que se surta el recurso de queja, consagrado en los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil, es nítido que tales censuras no salen avante debido a que los rituales adjetivos exigidos por las normatividades aludidas, se colmaron en el trámite, ya que se avizora que el recurrente deprecó la «reposición» y en subsidio «la queja», a través del memorial adiado 29 de julio de 2015 (Folios 502 a 508 Cdno Queja), el cual se le corrió traslado a la parte contraria por conducto de la constancia secretarial visible a folio 509 del Cuaderno de Queja.
Además, es claro que el señor RAMIRO HELI ZULUAGA GÓMEZ, a través de apoderado judicial, hizo uso de dicho traslado oponiéndose a dichas impugnaciones (fls. 508 514 ibídem), a la postre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por conducto del auto 16 de octubre de 2015, decidió «no reponer el auto proferido por este despacho el 2 de diciembre de 2014» y, ordenó «se expidan las copias señaladas en la parte motiva, para lo cual el recurrente deberá suministrar la expensas necesarias en un término de cinco (5) días» (Fls. 515 a 517); también se percibe que el impugnante aportó las expensas para las copias ordenadas por el ad quem, amén que milita en el expediente la constancia que en término las fotocopias de marras fueron retiradas por el quejoso.
En esa dirección, cabe pregonar que ese recuento de las actuaciones surtidas en el plenario, dan cuenta que los ritos procedimentales impuestos por el ordenamiento adjetivo para que se surta el recurso de «queja» fueron observados por la parte interesada; por lo tanto, nada hay que reprochar en ese sentido, de manera que esos achaques no lucen acertados y, por contera no prosperan.
2.- De otro lado, en lo que se refiere a la procedencia de la censura extraordinaria propuesta por la parte demandada está se halla condicionada, entre otros requisitos, a que la parte recurrente esté revestida de «legitimación» para interponerla, derivada del agravio que a sus prerrogativas haya provocado el fallo combatido. Así, se desprende de lo normado en los artículos 365 y 366 del Código de Procedimiento Civil, que, en su orden, establecen como una de sus finalidades «reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida» y su procedencia se haya supeditada a que se colmen el «interés para recurrir», cuando se trata de las sentencia allí señaladas, «cuando el valor actual de la resolución desfavorable al impugnante sea o sobrepase los cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
En ese orden de ideas, se desprende que el «interés para recurrir en casación» constituye uno de los presupuestos de la «legitimación» y que como tal, el factor de la cuantía lo supedita, al punto que cuando no se encuentra determinada en el proceso, antes de resolverse sobre la concesión de la censura, debe justipreciarse por un perito, según lo establece el precepto 370 ibídem.
Sobre este aspecto, la Sala se ha pronunciado así:
«…la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» -hace notar la Sala- (Auto 064 de 15 de mayo de 1991).
3.- Ahora bien, dado el señalamiento del recurrente, en cuanto a que la cuantía del interés para recurrir en casación habría que fijarla de manera separada o individualmente para cada uno de los accionados, es preciso referir, que no resulta acertado ese criterio, porque al ejercer ellos la acción reivindicatoria frente al inmueble de marras, denota que su interés económico es proindiviso, esto es, en comunidad, por lo que ha de tomarse en cuenta el avalúo de la totalidad del predio. Y, no fraccionadamente como erradamente pretende el impugnante, dado que por las relaciones sustanciales desatadas en ésta acción real, es patente que entre los condueños emerge un litisconsorcio necesario.
4.- De lo anterior se desprende que para calcular el aludido factor se tiene que tener en cuenta que el «real interés para recurrir en casación» en tratándose de los reivindicantes, está dado por la pérdida de los derechos derivados de la posesión del bien objeto de la reivindicación, que se pretende recuperar a través de la acción de dominio, más el valor de los frutos y mejoras contenidos en el predio a reivindicar, lo que entraña que ese «interés» se finca sobre el valor de la totalidad del predio.
4.1.- Superado lo anterior, es obvio que el extremo pasivo conforma un litisconsorcio necesario, debido a que los señores Luís Carlos Anaya Rodríguez, la señora Nohora Judith González Vecino, integrantes de la parte demandada, quienes están representados por un mismo abogado y, la señora Mónica María Martínez Cárdenas, cuya defensa fue asumida por un curador ad-litem. Los dos primeros pidieron, a través de demanda de reconvención, que en su favor fuera reivindicado el predio vinculado a esta litis. Para ello fungieron como dueños del mismo.
Aunado a ello, se recuerda que la sentencia de segunda instancia dispuso confirmar el numeral 4º, de la proferida por el a-quo y, en ésta, a la señora Nohora Judith González y a su esposo Anaya Rodríguez, les fue negada la acción de dominio. Por esta razón, de dichos sujetos, la señora González, resultó afectada patrimonialmente en el equivalente al valor total del lote de terreno y las construcciones puestas en él que ascienden a una suma superior al mínimo establecido para poder recurrir en casación (folio 183 idem); el segundo, en cuanto que le fue reconocido un derecho sobre el predio, la afectación resultó parcial. La tercera persona no recurrió en casación.
Con todo, no se puede pasar por alto que por la naturaleza del litigio, las pretensiones tanto del actor (simulación) como de los demandados (reivindicación), es dable pregonar la existencia de un litisconsorcio necesario, en la medida en que no es posible resolver sin la presencia de quienes hicieron parte de la relación sustancial impugnada (simulación), como respecto de aquellos que aducen ser los reales propietarios del fundo (reivindicación). En esa medida, intrascendente surge la pluralidad o no del extremo pasivo en función de dilucidar la procedencia del recurso de casación.
5.- En otra línea de pensamiento, es pertinente recordar que ha sido criterio reiterado de la Corte que el «interés para recurrir en casación» se mide al momento del fallo, no previa ni posteriormente, dado que es allí en donde se define la relación sustancial.
Así, en auto de 16 de junio de 2010, exp. 2010-00119-00, al referirse a la decisión desfavorable y su monto, reiteró que se «encuentra limitada no solamente en el tiempo, sino también respecto al valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia. Lo primero porque el precepto (…) [366 ibídem] expresamente señala que ese interés se determina ‘por el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente’, con lo cual está significando que es precisamente al momento de proferirse la sentencia recurrida, no antes ni después; y lo segundo porque los guarismos a tener en cuenta son los sometidos por las partes a consideración del fallador, y no los que se imponen ‘normativamente a la parte vencida’ (auto No. 114 del 22 de abril de 1996, exp. No. Q - 5992)».
Igualmente, en providencia de 17 de abril de 2009, exp. 2009-00274-00, puntualizó que la procedencia del recurso de casación «se encuentra condicionada, entre otras exigencias, a que el agravio que la sentencia le cause al recurrente alcance el monto allí previsto, concretamente, 425 salarios mínimos legales mensuales, perjuicio este que se encuentra determinado por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo, en la fecha en que éste fue proferido, pues justamente es en ese momento cuando se produce el menoscabo que fundamenta la inconformidad del recurrente, no el que pueda inferirse antes o después».
6.- En el presente caso, la controversia refiere a la simulación de un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble, luego, en un principio, el interés para recurrir surge del valor del mismo; eventualmente, los frutos y las mejoras. Empero, como acontece en el sub-lite, la parte demandada presentó demanda de reconvención y, concretamente, solicitó la reivindicación del inmueble. En ese orden, en últimas, una y otra pretensión definen el posible perjuicio; a ellas debe atenerse la Corte. La pérdida o la ganancia del pleito, de cualquiera de los extremos, materializa la privación del derecho que se reduce al fundo, por ende, su avalúo es el que define el agravio.
6.1.- Ante lo cual, en su momento cuando el Tribunal decidió negar el recurso de casación, como lo anotó en otra ocasión la Corporación su proceder estuvo ajustado a la normatividad vigente y directrices asentadas por la Corte Suprema, pues el precio que la auxiliar de la justicia estimó para el bien raíz no alcanzó el mínimo exigido para acceder a la impugnación extraordinaria. Luego, en principio, lo resuelto ameritaría confirmación.
6.2.- Sin embargo, en aquélla oportunidad la Sala advirtió que en el momento en que se formuló la demanda de simulación, se contestó la misma y se profirió sentencia de primera instancia, el predio contaba con algunas instalaciones cuyo destino era servir de casa de habitación al demandante y su familia. Así lo narraron las partes y lo corroboró la experta designada. Para este momento, respecto del estado del predio, no se denunciaron nuevas obras ni alguna de las partes pidió reconocimiento de mejoras.
6.3.- De manera que es patente que durante el trámite cumplido ante el Juez a quo, se recaudó una experticia que indicó un valor del predio muy superior a aquel que suministró el último peritazgo que justipreció el alcance del agravio por órdenes del ad quem, aunque, cumple advertirlo, para la época en que se presentó el concepto de ese perito no se había planteado discusión alguna sobre construcciones.
6.4.- En el interregno de la primera y segunda instancia, parte de las instalaciones mencionadas fueron consumidas por las llamas, concretamente, la casa o cabaña principal.
6.5.- Es preciso puntualizar que el Tribunal acusado consideró que en la medida en que el fundo había sufrido una alteración física, debido al incendio que se presentó, el avalúo no podía reflejar sino el estado actual del bien, lo que impedía que en él quedara incluida la casa objeto del siniestro, apreciación razonable, pues el inmueble perdió parte de la infraestructura que se tuvo en cuenta en la primera peritación.
6.6.- La señora Adela Isabel Bellío Pájaro, perito designada, en un primer concepto, concluyó que el inmueble tenía un precio de $900.000.000.oo. M/cte.
Y, cuando el Tribunal le manifestó que debía cumplir su trabajo pero excluyendo las ‘mejoras realizadas al predio’ (29 de mayo de 2014), entendió que su experticia debía comprender sólo ‘el valor del mero (sic) terreno objeto de la escritura’ –folio 398, copias allegadas-. Y, a partir de ello adujo que cada parte tenía un interés equivalente a $37.520.000.oo. Es decir, excluyó las obras existentes en el bien y, al hacerlo, quedó evidenciado que la sola construcción o construcciones ascendían, aproximadamente, al valor de $825.000.000.oo., mientras que el lote valía $75,040.000.oo.
7.- En el dictamen presentado, su autora, no indicó, con precisión, qué mejoras dejó por fuera o si lo fueron todas. No se aludió, por ejemplo, a la casa del mayordomo, a la piscina, al kiosco, al cerramiento y otros. Estas últimas existentes en el año dos mil nueve (2009), data en la que se presentó la primera experticia por parte del señor Reyes Meriño y antes de la conflagración.
8.- En ese orden, el trabajo pericial, resultó incompleto, empero, atendiendo el mandato del artículo 241 del C. de P.C., vigente para esa época, valorando los dos conceptos existentes, es decir, el presentado por el perito Reyes Meriño y el aducido por Adela Isabel Bellío, refulge nítido que al valor del predio debe agregársele el de las obras referidas por el primer auxiliar, omitidas en el último.
Así las cosas, al realizarse la sumatoria del avalúo del lote de terreno y las construcciones del mismo, es evidente que ello asciende a un total de $ 370.228.500.oo., que naturalmente es una cuantía que supera al equivalente a 425 salarios mínimos mensuales vigentes que, para el momento de haberse aducido la impugnación, exigía la normatividad para acceder al recurso extraordinario.
DECISIÓN
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Civil,
RESUELVE:
Primero. No revocar el auto impugnado, a través del cual se concedió el recurso extraordinario de casación formulado por la parte demandada.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia la Secretaría deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia recurrida.
Se dejarán las constancias del caso.
Notifíquese
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA